La condena del Tribunal Supremo contra el fiscal general no es sólo una condena contra Álvaro García Ortiz. Lo es también para el Gobierno radical de izquierdas de Pedro Sánchez y sus intentos de manipular la justicia española a su antojo al más puro estilo autoritario.
Este pasado 20 de noviembre de 2025, se cumplían 50 años de la muerte en la cama del dictador Francisco Franco, quién es a menudo utilizado como comodín por la izquierda española para desviar la atención de los verdaderos problemas que atormentan a la sociedad española. Pero ni por esas pudieron tapar todos los escándalos que rodean al Gobierno de extrema izquierda de Pedro Sánchez, porque justamente cuando se recordaba esta fecha, saltó a la luz la histórica condena del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Una condena que sin la menor duda es un duro golpe para el Gobierno, ya que resuena a nivel internacional y se prueban los manoseos autoritarios que ejerce el ejecutivo social comunista en la justicia española.
Las acciones radicales del ejecutivo y sus escándalos de corrupción han machado de manera muy significativa la imagen de España, suponiendo también un retroceso muy evidente en materia de derechos y libertades fundamentales, además de la violación sistemática de la Constitución Española de 1978. Por lo tanto, el tema en sí no es sólo que el Tribunal Supremo haya condenado al fiscal general García Ortiz por un delito de revelación de secretos a pena de multa y dos años de inhabilitación para este alto cargo judicial, sino que es algo mucho más profundo que pone de relieve los tentáculos políticos sobre el poder judicial y mediático para atacar a una rival política, que en este caso es la popular Isabel Díaz Ayuso. Unas situaciones más propias de regímenes bananeros y dictatoriales como Venezuela, Nicaragua o Cuba, que no de la Unión Europea.
Pero como si fuera poco, el Gobierno de Pedro Sánchez ha atacado a los jueces por tomar esta decisión mostrando su disconformidad, tanto el propio ejecutivo como sus socios separatistas y proetarras. Un nuevo ataque al poder judicial que se une ya a un largo listado de ataques contra un poder judicial que debe mantenerse independiente y sin grandes presiones políticas en un país que teóricamente es una democracia, como es el caso de España.
Sin embargo, es incuestionable que los datos alarmantes sobre el gran incremento de la corrupción en España y las políticas cada vez más radicales del ejecutivo de Sánchez están generando cada vez más preocupación en muchos países europeos y también en Estados Unidos, sobre todo porque Sánchez se niega a claudicar y pretende aguantar hasta 2027 con los escándalos de corrupción, sin prepuestos generales y sin poder aprobar apenas leyes. En definitiva, todo un caos.
